La inversión pública en medicamentos ha aumentado en términos absolutos durante las últimas dos décadas, pero su peso relativo en el presupuesto público se ha reducido. Esta es una de las conclusiones del informe 'Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario', elaborado por Afi, que analiza la evolución del gasto farmacéutico público, los factores que explican su crecimiento, la contribución económica de los medicamentos y las medidas que intervienen en la sostenibilidad de esta inversión.
El documento sostiene que los medicamentos generan beneficios que van más allá de su efecto directo sobre la salud: contribuyen a mejorar la productividad, favorecen la actividad económica y pueden reducir el gasto en otras partidas sanitarias y sociales. A partir de estas premisas, analiza el efecto compensación de los medicamentos, la evolución de la demanda, el esfuerzo económico de la industria farmacéutica y el margen que, según sus estimaciones, existe para aumentar la inversión pública en tratamientos innovadores.
"Los medicamentos innovadores son mucho más que una partida presupuestaria. Son salud y calidad de vida para los pacientes, pero también productividad, competitividad y sostenibilidad para nuestro sistema sanitario y para nuestra economía. En las próximas semanas viviremos debates sobre las prioridades de futuro de nuestro país, e informes como éste son clave para abordar retos como el envejecimiento o la cronicidad dentro de un sistema sostenible", afirma Juan Yermo, director general de Farmaindustria.
La inversión pública en medicamentos pasó de 12.504 millones de euros en 2003 a 24.824 millones en 2024. Pese a que el importe prácticamente se duplicó en términos absolutos, su peso sobre el gasto público total descendió del 4,1 % al 3,4 % durante ese periodo. También se redujo su participación en el gasto sanitario público, del 29,2 % al 24,4 %.
En cambio, la proporción de la inversión pública farmacéutica sobre el producto interior bruto (PIB) se mantuvo estable en el 1,56 % entre 2003 y 2024. Farmaindustria destaca esta evolución para subrayar que el peso relativo de los medicamentos en el conjunto de las cuentas públicas es hoy inferior al de hace dos décadas, pese al aumento de la inversión en términos absolutos.
La trayectoria contrasta con la de otras partidas sociales. Entre 2003 y 2024, el gasto en pensiones de jubilación pasó de 49.248 millones a 165.050 millones de euros, mientras que el gasto en enfermedad e incapacidad aumentó de 16.920 millones a 44.019 millones. En términos de PIB, el peso de las pensiones de jubilación creció del 6,1 % al 10,4 %, y el de la incapacidad temporal, del 2,1 % al 2,8 %.
El análisis sitúa estas tendencias en un contexto de envejecimiento de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónicas y desarrollo de nuevas terapias. Estos factores contribuyen a explicar la evolución de la demanda farmacéutica y, por tanto, de la inversión necesaria para atenderla.
El informe identifica el volumen de consumo como el principal determinante de la evolución de la inversión pública en medicamentos con receta dispensados en farmacia comunitaria. Según las estimaciones de Afi, el 75 % del aumento de la inversión farmacéutica ambulatoria entre 2014 y 2024 se explica por un mayor volumen, asociado a más recetas y a un mayor número de recetas por persona.
El análisis también compara la evolución del coste medio de las recetas con la inflación. Entre 2013 y 2024, el coste medio de la receta aumentó un 8 %, frente al 23 % del índice de precios de consumo (IPC) acumulado que recoge el texto facilitado por Farmaindustria. En ese mismo periodo, el número de recetas creció un 34 %, desde los 900 millones hasta los 1.200 millones, mientras que la cifra de recetas por persona pasó de 19 a 25.
La evolución de la demanda, por tanto, no se explica únicamente por el precio de los medicamentos. El aumento del número de recetas y del consumo por persona constituye, según el informe, el principal factor asociado al crecimiento de la inversión pública en medicamentos dispensados con receta.
El documento también compara la inversión farmacéutica con receta en España con la de otros países europeos. Según los datos de 2022 incluidos en el informe, la inversión pública en medicamentos con receta dispensados en farmacia comunitaria fue de 340 euros menos por persona en España que en Alemania y de 200 euros menos que en Francia.
Por su parte, el texto adicional de Farmaindustria aporta una referencia correspondiente a 2023: el importe de las recetas de farmacia por persona en España fue de 360 euros, 117 euros menos que la media europea, 200 euros menos que la francesa y 340 euros menos que la alemana. Se trata de una comparación correspondiente a otro año, que el informe y la comunicación de Farmaindustria presentan con referencias temporales diferentes.
El informe aborda el valor de los medicamentos innovadores tanto desde la perspectiva de los pacientes como desde la económica. Estos tratamientos pueden prevenir, tratar y curar enfermedades, prolongar la esperanza de vida y mejorar las condiciones en las que las personas viven y trabajan. Además, una población más sana puede contribuir a mantener la actividad laboral durante más tiempo y a facilitar la transferencia de conocimientos entre generaciones.
En este ámbito, el documento recoge que tres cuartas partes del aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados se deben a las innovaciones farmacéuticas, según un estudio del profesor Frank R. Lichtenberg publicado en 2014.
El análisis también cuantifica el vínculo entre el gasto público en medicamentos dispensados en farmacia comunitaria y la actividad laboral. Según sus estimaciones para España, cada euro de gasto público en estos medicamentos se asocia con un aumento de 10,75 minutos en el tiempo de trabajo efectivo anual. El informe calcula, además, que cada euro adicional de inversión pública en medicamentos de farmacia comunitaria contribuiría a generar 3,9 euros de valor añadido en la economía.
El estudio presenta así los medicamentos como una inversión que puede repercutir tanto en los resultados de salud como en la productividad y la actividad económica. Su argumento es que los efectos de los tratamientos no se limitan al gasto directo en medicamentos, sino que también pueden manifestarse en otros ámbitos de la economía y del sistema de protección social.
Uno de los principales resultados del informe es la estimación del denominado efecto compensación de los medicamentos. Este concepto des cribe cómo la prevención, el tratamiento y la cura de enfermedades pueden reducir indirectamente la utilización de otros recursos sanitarios y sociales, por ejemplo, al disminuir la necesidad de hospitalizaciones, facilitar la recuperación de los pacientes o permitir que los trabajadores de más edad prolonguen su actividad laboral.
Afi estima que, por cada euro de inversión pública farmacéutica, la Administración ahorra 64 céntimos en otras partidas presupuestarias, entre ellas las pensiones de jubilación, el gasto hospitalario y las bajas por enfermedad. Aplicado a los cerca de 24.800 millones de euros destinados a medicamentos en España en 2024, tanto en farmacia comunitaria como en hospitales, el estudio calcula que esa inversión propició unos ahorros estimados de 15.900 millones de euros en otras partidas presupuestarias.
El informe detalla el origen de esta estimación a partir de los datos del promedio de 2014 a 2022. En el caso de los medicamentos dispensados en farmacia comunitaria, cada euro adicional de inversión se asocia con 40 céntimos menos de gasto en pensiones de jubilación y 31 céntimos menos en bajas por enfermedad.
En el caso de los medicamentos hospitalarios, la estimación asocia cada euro adicional de inversión con una reducción de 31 céntimos en el gasto hospitalario no farmacéutico y de 27 céntimos en las pensiones de jubilación.
Estas cifras corresponden a estimaciones del efecto compensación, no a ahorros presupuestarios directos garantizados para cada euro invertido. El informe las utiliza para ilustrar cómo la inversión en medicamentos puede repercutir en otras partidas de gasto público mediante la mejora de la salud y la reducción de determinadas necesidades asistenciales y sociales.
La investigación y el desarrollo (I+D) constituyen otro de los ejes del informe. En 2024, la industria farmacéutica invirtió 1.647 millones de euros en I+D en España, lo que representó el 18 % de la inversión industrial en investigación y desarrollo. Según el documento, el sector fue el segundo con mayor volumen de inversión industrial en I+D, solo por detrás del automóvil, que concentró el 25 %.
El 45 % de la inversión farmacéutica en I+D se realizó en colaboración con hospitales, universidades y centros de investigación. El informe destaca esta cooperación entre empresas e instituciones científicas por su contribución al desarrollo de la investigación médica más allá de las propias instalaciones de las compañías.
El documento también pone el foco en la cualificación de los trabajadores del sector. En 2024, el 30 % de los empleados de la industria farmacéutica contaba con un máster o doctorado y otro 28 % tenía un grado universitario. En el conjunto de la industria, estos porcentajes se situaban en el 6 % y el 17 %, respectivamente.
El documento relaciona esta composición del empleo con las necesidades de una actividad que requiere perfiles especializados en distintas fases del ciclo de vida de los medicamentos, desde la investigación y los ensayos clínicos hasta la producción, la regulación sanitaria y la comercialización.
El informe también recoge el papel de España en los ensayos clínicos. Según los datos incluidos en el documento, en 2025 se aprobaron 962 ensayos clínicos en el país. Estos estudios contribuyen a la actividad de los centros en los que se desarrollan y pueden reducir su gasto en medicamentos, además de apoyar la financiación de los centros públicos de investigación. A partir de un estudio de Frontier Economics de 2026, Afi señala que los ensayos clínicos propician el mantenimiento de 16.600 empleos en España y la generación de 2.500 millones de euros de valor añadido directo, indirecto e inducido.
En términos más amplios, el informe indica que las empresas farmacéuticas con presencia en España contribuyeron a generar más de 27.000 millones de euros de valor añadido directo, indirecto e inducido en 2023, equivalente al 1,9 % del PIB español. Según el documento, cada euro de valor añadido creado directamente en una empresa farmacéutica propicia la generación de 1,5 euros adicionales en otras empresas españolas.
El informe sitúa la actividad farmacéutica en un entorno internacional de creciente competencia. El informe destaca que EEUU concentra una parte importante de la inversión en I+D farmacéutica y sigue siendo el mercado prioritario para los lanzamientos, mientras que China ha ganado peso en el desarrollo de medicamentos y en la captación de ensayos clínicos y capital.
Según el documento, China alberga el 20 % de los fármacos en desarrollo a escala mundial y se ha consolidado como el segundo mayor mercado farmacéutico. En paralelo, Europa ha perdido peso relativo en la actividad global de ensayos clínicos: la proporción de ensayos iniciados en Europa pasó del 18 % en 2013 al 9 % en 2023, de acuerdo con los datos recogidos por Afi a partir de IQVIA.
Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de reforzar la capacidad investigadora e industrial europea para reducir la dependencia de terceros países en el suministro de medicamentos y tecnologías sanitarias clave. Entre las líneas que señala figuran el impulso de la inversión pública y privada en I+D, la reducción de la fragmentación del mercado, la agilización de los tiempos de aprobación, la armonización regulatoria y el desarrollo del Espacio Europeo de Datos de Salud.
El documento también recoge que la Unión Europea mantiene un ecosistema científico e industrial relevante, con una producción anual de medicamentos superior a los 300.000 millones de euros, y que España cuenta con más de 180 plantas de producción farmacéutica. Afi presenta estas capacidades como parte de la base industrial y científica sobre la que se puede apoyar la autonomía estratégica europea.
El informe analiza los mecanismos que la Administración ya utiliza para contener el crecimiento de la inversión pública en medicamentos. Entre ellos se encuentran las revisiones de precios de referencia, las revisiones individuales de precios y las aportaciones económicas realizadas por la industria farmacéutica.
La orden de precios de referencia de 2025 revisó 17.385 presentaciones de medicamentos y generó un ahorro estimado de 288 millones de euros, equivalente al 1,10 % de la inversión farmacéutica de ese año. El informe señala, además, que las revisiones individuales de precios realizadas en 2024 y 2025 tuvieron un impacto estimado de 186 millones de euros, de los que 106 millones correspondieron a 2025.
En cuanto a las aportaciones directas, el documento analiza la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías, que establece contribuciones económicas de los laboratorios fabricantes, importadores u oferentes de medicamentos y productos sanitarios financiados con fondos públicos y dispensados en oficinas de farmacia. Las aportaciones se realizan con carácter cuatrimestral y dependen de las ventas: el porcentaje establecido es del 1,5 % para ventas de hasta tres millones de euros y del 2 % para las que superan ese umbral.
El informe explica que estas contribuciones están vinculadas al desempeño innovador de las compañías mediante el programa Profarma, que contempla reducciones de hasta el 25 % y de hasta el 35 % para las empresas que colaboran con centros públicos de investigación.
En 2024 y 2025, la industria farmacéutica realizó aportaciones de aproximadamente 360 millones de euros en el marco de este mecanismo, equivalentes al 0,7 % de la inversión pública en medicamentos, según el documento. El análisis precisa que estos fondos no constituyen ingresos fiscales y que se destinan a financiar investigación biomédica a través del Instituto de Salud Carlos III, apoyar políticas de cohesión sanitaria, desarrollar programas de formación para profesionales sanitarios e impulsar la educación sanitaria de la población para promover el uso racional de los medicamentos.
El segundo mecanismo analizado es el Real Decreto-ley 8/2010, que establece deducciones obligatorias sobre los medicamentos de uso humano dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS). Con carácter general, las oficinas de farmacia deben aplicar una deducción del 7,5 % sobre el precio de venta al público de estos medicamentos. El esfuerzo económico se distribuye a lo largo de la cadena de suministro, por lo que alcanza a la industria farmacéutica, las empresas distribuidoras y las farmacias. El mecanismo también se aplica a las compras de medicamentos con cargo a fondos públicos del SNS a través de los servicios de farmacia hospitalaria, los centros de salud y las estructuras de atención primaria.
En conjunto, las aportaciones de la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías y las deducciones establecidas en el Real Decreto-ley 8/2010 supusieron cerca de 2.000 millones de euros acumulados entre 2024 y 2025, según las estimaciones recogidas en el informe.
Además de las aportaciones económicas y las deducciones, Afi analiza los ingresos fiscales de la industria farmacéutica. En 2025, las administraciones públicas ingresaron 4.140 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales procedentes de la actividad directa de las empresas del sector.
Al sumar los efectos indirectos e inducidos sobre su cadena de valor, la huella fiscal estimada de la industria farmacéutica ascendió a 10.100 millones de euros, equivalente al 40 % de todo el gasto farmacéutico público de ese año. El cálculo incluye los ingresos asociados a la actividad económica que las compañías generan tanto directamente como a través de otras empresas.
El texto adicional de Farmaindustria señala, asimismo, que la aportación conjunta de los medicamentos y de la industria al Estado superaría los 27.400 millones de euros al año tomando como ejemplo 2024. La comunicación atribuye principalmente esa contribución a los ahorros estimados en otros recursos sanitarios y sociales y a la aportación fiscal del sector.
El informe considera que existe margen para incrementar la inversión pública en medicamentos innovadores. Afi parte de que estos tratamientos pueden mejorar las terapias existentes o introducir nuevas opciones, al tiempo que concentran una parte importante de la inversión en I+D y estimulan la actividad del ecosistema investigador, que incluye laboratorios, universidades y hospitales.
El escenario planteado por los autores contempla que el peso de la inversión pública en medicamentos innovadores sobre el PIB aumente una décima hasta 2030. Según sus estimaciones, esto supondría un incremento acumulado de la inversión pública en estos medicamentos de cerca de 4.640 millones de euros entre 2024 y 2030.
En 2030, el aumento de la inversión frente al escenario tendencial generaría pedidos adicionales a la industria farmacéutica por valor de unos 1.400 millones de euros. Estos pedidos tendrían un impacto económico estimado de alrededor de 1.300 millones de euros sobre el PIB de ese año, al sumar los efectos directos, indirectos e inducidos.
El escenario también contempla la creación de unos 2.800 empleos industriales y el mantenimiento de otros 13.600 puestos de trabajo en la cadena de valor de la industria farmacéutica. Además, Afi estima que el incremento de la inversión podría propiciar ahorros superiores a 800 millones de euros en otras partidas de gasto público en 2030.
Los autores precisan que este escenario no implicaría necesariamente un aumento neto de la inversión farmacéutica total sobre el PIB. La mayor inversión en medicamentos innovadores iría acompañada de ahorros asociados a la aparición de genéricos y biosimilares cuando expiren las patentes, así como de la reducción del gasto en aquellos medicamentos cuyo consumo sea sustituido por otros tratamientos.
No obstante, estas cifras son proyecciones condicionadas al escenario de inversión planteado por Afi, no resultados garantizados. El informe las utiliza para ilustrar el posible efecto de reforzar la inversión en medicamentos innovadores sobre el acceso a las terapias, la actividad económica, el empleo y el gasto en otras partidas públicas.
En conjunto, el estudio sostiene que los medicamentos innovadores pueden contribuir a afrontar los retos del envejecimiento y la cronicidad mediante la mejora de la salud de la población y la reducción de determinadas necesidades asistenciales y sociales. Farmaindustria defiende, a partir de estas conclusiones, que los medicamentos deben considerarse no solo una partida presupuestaria, sino también un elemento relacionado con la calidad de vida, la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sistema sanitario.
Fuente: El Global Farma