La Mesa del Congreso ha calificado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios y adoptó dos decisiones que marcan su recorrido. Por un lado, atribuyó el texto a la Comisión de Sanidad con competencia legislativa plena, lo que permitirá que el dictamen viaje directamente al Senado sin pasar por el Pleno, pero no acordó aplicarle el procedimiento de urgencia. La segunda decisión es la relevante, porque elimina el acortamiento de plazos con el que contaba el Ministerio de Sanidad para cerrar la reforma dentro de este ejercicio.
Esta decisión puede afectar de manera importante a las posibilidades de aprobación de la propia ley y muy especialmente a los plazos para la decisión que tome la sanidad en relación con el Real Decreto de financiación y precio de los medicamentos.
La competencia legislativa plena ahorra un trámite, el de deliberación y votación final en el hemiciclo de forma obligatoria, pero no blinda nada ya que el Pleno puede recabar en cualquier momento el debate del texto y, si se registran enmiendas a la totalidad de devolución, el debate de totalidad se celebrará igualmente en el hemiciclo antes de que el proyecto siga su curso en comisión.
Lo que la urgencia habría cambiado está tasado en los artículos 93 y 94 del Reglamento del Congreso y reduce a la mitad todos los plazos ordinarios. En un proyecto de ley eso afecta al plazo de enmiendas, fijado en 15 días, y al de elaboración del informe de ponencia, de otros 15. El recorte más sustancial, sin embargo, se produce fuera del Congreso, ya que el artículo 90 de la Constitución concede al Senado dos meses para vetar o enmendar, plazo que baja a 20 días naturales cuando el texto llega declarado urgente.
Sumando las tres fases, la vía rápida habría comprimido el suelo teórico de la tramitación en algo más de dos meses y habría facilitado la toma de decisiones de Sanidad ante la recta final de la legislatura y la necesidad de adaptar el RD de Financiación y Precio a la ley adecuada.
Según un análisis publicado por Newtral el pasado junio, las Cortes aprobaron 28 leyes en lo que va de legislatura, 21 de ellas procedentes de proyectos del Gobierno, y tardaron una media de 278 días desde el registro hasta la publicación en el BOE, algo más de nueve meses. La horquilla es amplísima ya que la ley ELA se resolvió en un mes y la de multirreincidencia consumió dos años. Un estudio anterior del mismo medio cifró en 62 días el tiempo medio que las iniciativas pasan en fase de enmiendas, con casos que llegaron a prolongarse un año entero. Lo que está claro es que el impulso político, más allá del consenso para su aprobación, es lo que marca si una ley llega o no al BOE y en cuánto tiempo lo hace.
Esa última cifra explica por qué la urgencia importa menos de lo que parece. El plazo de enmiendas admite prórrogas sucesivas acordadas por la Mesa, y en esta legislatura la prórroga semanal dejó de ser una excepción para convertirse en el mecanismo habitual de congelación. El cuadro general de iniciativas en plazo de enmiendas que publica el propio Congreso, actualizado el 8 de septiembre, recoge decenas de textos ampliados semana tras semana durante meses o años, muchos de ellos declarados urgentes en su día.
El estado de la Comisión de Sanidad ilustra ese patrón con precisión incómoda. El proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud acumula prórrogas del plazo de enmiendas desde junio de 2024 y el de equidad y cohesión del SNS desde septiembre de ese mismo año. Ambos se tramitan por el procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena, exactamente la combinación que Sanidad esperaba para la Ley de los Medicamentos, y ninguno superó todavía la primera fase.
A esos dos se suman el proyecto de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores, abierto desde abril de 2025, el de gestión pública e integridad del SNS, el procedente del real decreto ley que modificó la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria y el de Organizaciones de Pacientes, cuyo plazo se abrió apenas la semana pasada. En el terreno de las proposiciones de ley siguen vivas la iniciativa legislativa popular sobre ratios de enfermeras, en trámite desde febrero de 2025, la relativa a la violencia en el ámbito sanitario, procedente del Senado, la de compensación económica para las personas celíacas y la de crioconservación de ovocitos.
El contraejemplo también existe y conviene tenerlo presente, como fue la proposición de Ley sobre Cribado Neonatal, que se aprobó en esa misma comisión el pasado junio, por urgencia y con competencia legislativa plena, y sirvió además para blindar por ley la confidencialidad de los precios reales de los medicamentos. Salió adelante en cuestión de pocos meses porque hubo acuerdo entre el Grupo Socialista, Sumar y el Partido Popular.
Fuente: Diario Farma