La colaboración público-privada tiene un peso estructural en el Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto por los recursos económicos que moviliza como por la actividad asistencial que desarrollan los centros privados vinculados al sistema público. Así lo recoge el Observatorio del sector sanitario privado 2026, elaborado por PwC para la Fundación IDIS, que analiza en su último informe la contribución del sector privado como complemento de la sanidad pública.
El estudio define la colaboración público-privada como la participación del sector privado en la financiación, provisión o gestión de servicios sanitarios integrados en el SNS, manteniendo los principios de universalidad, equidad y gratuidad en el acceso. Entre sus principales fórmulas se encuentran los conciertos, el mutualismo administrativo, las concesiones y la integración de centros privados en redes hospitalarias de utilización pública.
Uno de los indicadores que utiliza IDIS para dimensionar esta colaboración es el gasto en conciertos. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público recogida en el informe, ascendió a 10.023 millones de euros en 2023, lo que equivalía al 10,3% del gasto sanitario público consolidado, cifrado ese año en 97.661 millones. El Observatorio señala además que su peso se mantiene con variaciones moderadas desde 2019, aunque crece en términos absolutos.
La actividad desarrollada aporta otra medida de su relevancia. Los centros privados con algún tipo de concierto realizaron en 2024 alrededor de 573.000 intervenciones quirúrgicas, equivalentes al 15,4% de la actividad pública total; más de 9,6 millones de consultas, el 11%; cerca de 2,5 millones de urgencias, el 10,6%; y más de 425.000 altas, el 10,3%. El propio estudio considera que estas cifras describen una colaboración que opera como una "capacidad instalada adicional" dentro de la red de utilización pública y la califica como un "pilar estructural del sistema".
De los 440 hospitales privados contabilizados en España en 2024, 144 mantenían conciertos con el sistema público, 91 estaban integrados en la Red Hospitalaria de Utilización Pública (RHUP) de Cataluña y otros 16 formaban parte de redes de utilización pública en otras comunidades autónomas. En conjunto, el informe señala que el 57% de los hospitales privados cuenta con algún tipo de concierto, mientras que 189 centros, el 43%, no disponen de ninguno.
Además, el informe refleja que existen importantes diferencias territoriales. Cataluña fue en 2024 la comunidad con mayor peso del gasto en conciertos sobre su gasto sanitario, con un 21,8%, seguida de Madrid, con un 12,3%, y Canarias, con un 7,3%. En el resto de comunidades, este gasto representó de media un 4,7%.
Las concesiones administrativas constituyen otra de las fórmulas de colaboración analizadas por IDIS. El informe explica que estos modelos permiten que una entidad privada asuma, según el tipo de concesión, desde la construcción y mantenimiento de infraestructuras hasta la gestión de servicios sanitarios y no sanitarios. El Observatorio señala que este esquema busca reforzar la capacidad y los recursos de la Administración y facilitar una mayor previsibilidad del gasto público. En el caso de las concesiones que incluyen gestión sanitaria, el operador privado asume la construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura, además de la prestación asistencial, conforme a los estándares fijados por la Administración y preservando la gratuidad y universalidad del SNS.
El estudio recoge que ocho hospitales operaban bajo este modelo concesional, localizados en la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja, aunque también recuerda que algunos centros, como los departamentos de salud de Dénia y Manises, han pasado en los últimos años a gestión directa.
El mutualismo administrativo constituye otra de las principales vías de colaboración. Según los datos de ICEA incluidos por IDIS, en 2025 había 1,59 millones de mutualistas con seguro privado de salud dentro de Muface, Mugeju e Isfas. El volumen de primas alcanzó los 2.126 millones de euros, frente a los 1.696 millones de 2024. El Observatorio también estima una diferencia de 424 euros por persona entre el gasto público per cápita y el coste del mutualismo. Para 2025 calcula un gasto del SNS de 1.864 euros per cápita, frente a una prima de Muface de 1.440 euros.
Por último, IDIS analiza qué ocurriría ante una restricción intensa de la colaboración público-privada. Sus estimaciones apuntan a un aumento del 153% de la lista de espera de primeras consultas y del 102% de la lista quirúrgica, con entre 58 y 75 días adicionales de demora media. En términos presupuestarios, sustituir la actividad concertada por provisión exclusivamente pública podría generar, según los supuestos del estudio, un sobrecoste de entre 1.100 y 1.300 millones de euros, que llegaría hasta 2.700 millones en un escenario extremo.
«La colaboración público-privada no solo amplía la capacidad asistencial del SNS, sino que desempeña un papel relevante en la reducción de la presión estructural sobre el sistema y en la contención de las listas de espera, contribuyendo a una mayor accesibilidad y eficiencia del sistema sanitario», concluye el informe.
Fuente: iSanidad