El Ministerio de Sanidad prepara la entrada decisiva del Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios en el Consejo de Ministros para su inminente aprobación. Tras superar el paso por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y recibir el dictamen del Consejo de Estado por vía de urgencia, la norma encara su luz verde en segunda vuelta (la primera fue su presentación previa antes de ser enviado a audiencia pública, en abril de 2025). Este movimiento dará paso a la remisión del texto al Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Sanidad a partir de septiembre.
El departamento que dirige Mónica García busca cumplir los plazos previstos tras la inclusión de la iniciativa en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado. Fuentes del sector apuntan a la inminente aprobación por parte del Ejecutivo, que podría tener lugar en la reunión prevista para mañana martes. La inclusión en el orden del día respondería a la intención de Sanidad, manifestada tanto por el secretario de Estado Javier Padilla, como de la propia ministra, de presentar la norma este mes de julio y agilizar así el proyecto sanitario antes del descanso estival. El Gobierno tiene planteado celebrar dos reuniones, una este martes 21 y otra el próximo martes 28, dedicado en gran medida al balance del curso político, antes del retorno a la actividad el 25 de agosto.
El nuevo borrador del Anteproyecto, una vez superada la fase de alegaciones y el dictamen del Consejo de Estado, reordena de forma profunda la versión sometida a audiencia pública, pasando de 146 a 159 artículos. Entre los cambios más destacados destaca la sustitución del modelo inicial de precios seleccionados por un sistema de precios dinámicos. Este esquema se dirigió a medicamentos maduros, genéricos y biosimilares fuera del periodo de protección comercial, con el propósito de estimular la competencia sin comprometer las garantías de suministro.
La redacción remitida al órgano consultivo introduce una separación más clara entre la regulación propia de los medicamentos y la de los productos sanitarios dentro de la prestación farmacéutica. Asimismo, el texto redefine el bloque de financiación y precio, otorgando un peso mayor al beneficio clínico adicional, la reducción de incertidumbres, la perspectiva del paciente y la contribución social o económica de las terapias.
La normativa reforzó también el concepto de uso racional de las prestaciones a través de una responsabilidad compartida entre administraciones, profesionales y ciudadanía. En este ámbito, la ley dio acomodo a la denominación explícita de oficinas de farmacia comunitaria, reconociendo su integración funcional en el Sistema Nacional de Salud. Además, la propuesta plantea el fin progresivo del sistema de deducciones del 7,5% fijado en normativas anteriores para los nuevos productos que obtengan financiación pública.
Por otro lado, la iniciativa incluye elementos para aumentar la flexibilidad en las sustituciones por parte de las farmacias comunitarias ante problemas puntuales de abastecimiento, así como la ampliación de las competencias de prescripción para profesionales de enfermería y fisioterapia en determinados supuestos.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ya avanzó semanas atrás la intención de llevar el texto al órgano interministerial antes de concluir la etapa veraniega. Una vez obtenida la inminente aprobación por parte del Gabinete, la propuesta perderá la condición de anteproyecto para convertirse en proyecto de ley, iniciándose formalmente el periodo de presentación de enmiendas por parte de las distintas fuerzas políticas en las Cortes Generales.
Fuente: Diario Farma