Tras meses de incertidumbre en torno a los aranceles, se ha confirmado la implantación definitiva de un arancel único del 15 % sobre los productos farmacéuticos. Pese a que se conocía que el sector farmacéutico miraba con incertidumbre y temor a Donald Trump, las consecuencias de los aranceles sobre los medicamentos y la decisión de fijar los precios en función de la «most favoured nation clause» -o lo que es lo mismo la cláusula de nación más favorecida, basada en la premisa de que el país que aplica la cláusula no pague un precio por un medicamento más alto que el precio más bajo pagado por cualquier otro país- no ha dejado indiferente a nadie.
David Cantarero, catedrático de la Universidad de Cantabria y responsable del Grupo de I+D en Economía de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), analiza en detalle para El GlobalFarma las implicaciones de estas medidas sobre la industria farmacéutica. Muchos expertos llevan meses hablando de que se trata de un arma de doble filo y Cantarero no es una excepción, ya que considera que «desde la teoría de juegos los incentivos a corto plazo para bajar precios se combinan con riesgos e incertidumbre a largo plazo sobre inversión, lanzamientos y suministro».
Según el experto, la presión pública y los recientes ultimátum de la Casa Blanca —cartas a 17 CEOs exigiendo precios según criterios de ‘nación más favorecida’, nuevas órdenes de transparencia en publicidad y amenazas arancelarias— «amplifican la incertidumbre regulatoria y comercial, abaratan el presente, pero encarecen el futuro al elevar el coste de capital y hacer más prudente la inversión en I+D".
Aunque asegura que esta presión puede generar beneficios inmediatos al fortalecer el poder de negociación público (permite revisar descuentos confidenciales, forzar rebajas y alinear precios con comparadores internacionales, marcando una hoja de ruta política en apenas unos meses), implica costes dinámicos. En particular, subraya que «la mayor incertidumbre sobre los ingresos esperados desincentiva la inversión en proyectos marginales y reduce la probabilidad de iniciar nuevas moléculas, especialmente en mercados más pequeños o menos rentables». Además, confirma que «los anuncios de aranceles generalizados o sectoriales pueden reforzar la capacidad productiva, duplicar tiempos de validación y fomentar relocalizaciones masivas en EE UU, con impacto que podría extenderse hasta 2030».
A la cuestión de cómo afectan los «bandazos legislativos» a la planificación y la inversión en I+D, responde que afectan directamente. «Desarrollar un fármaco puede tardar hasta 15 años, por lo que modificaciones inesperadas en reglas de precio o timing de lanzamiento aumentan la incertidumbre, provocando retrasos en proyectos de mayor riesgo», afirma. A esto se suma la contracción de expectativas de mercado ante controles no previstos y un aumento del coste de capital, «que retrasa la cooperación en I+D y nuevas inversiones». Asimismo, admite que las amenazas arancelarias, especialmente si superan el 20 %, «obligan a rediseñar escenarios comerciales, pudiendo generar escasez temporal en otros mercados».
Respecto a los riesgos de que las compañías actúen por miedo a la presión política, considera que «también genera riesgos para la industria y los pacientes». En este sentido, asegura que las compañías podrían priorizar lanzamientos en otros mercados o limitar indicaciones, reduciendo el acceso a medicamentos. Además, señales de control de precios o aranceles pueden incentivar recortes de suministro o inversiones defensivas, desviando recursos hacia relocalizaciones en lugar de ensayos clínicos. La falta de un marco regulatorio estable puede conducir a la fragmentación del mercado, reduciendo eficiencia y coordinación.
Cantarero apunta a alternativas regulatorias que podrían equilibrar acceso y estabilidad. Entre ellas destacan los acuerdos plurianuales predecibles, con techos de gasto y cláusulas de inflación revisadas de forma programada, y compromisos claros para descuentos confidenciales, sin retroactividad. También propone el pago por valor y por resultados, mediante contratos de riesgo compartido y reembolsos condicionados a resultados reales basados en evaluaciones HTA robustas. Finalmente, resalta la importancia de la coordinación europea, aplicando desde 2025 el Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para reducir duplicidades y ofrecer un marco metodológico claro, junto con compras conjuntas y contratos marco transparentes que garanticen equidad y eficiencia.
Fuente: El Global Farma